Ley acoso laboral españa 2021
TALLER EN LÍNEA - Discriminación LGBT
Un juzgado de lo social de la ciudad de Bilbao ha dictaminado que la no adopción de medidas por parte de la Administración para adaptar el puesto de trabajo de una profesora con discapacidad física es una discriminación indirecta por razón de discapacidad
El Tribunal Constitucional analizó el 15 de marzo de 2021 si la Administración Pública vulneró el derecho a la no discriminación por razón de discapacidad de uno de sus empleados con síndrome de Asperger. El demandante fue sancionado por el empresario sin tener en cuenta sus circunstancias y su petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo
El 25 de enero de 2021, el Tribunal Constitucional resolvió un recurso presentado por una mujer gitana que se consideraba discriminada por motivos étnicos al denegársele una pensión de viudedad por el fallecimiento de su marido.
El Proyecto de Ley de Educación introduce explícitamente la igualdad de trato y la no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o convicciones, orientación sexual o identidad de género
Cuomo niega las acusaciones de acoso sexual recogidas en un informe del fiscal general
En España, el término acoso no está definido, pero sí existe el término "acoso físico", que es "el que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. La misma pena se impondrá a quienes, en el ámbito de cualquier relación laboral o de la función pública, prevaliéndose de su condición de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o vejatorios que, sin alcanzar la consideración de trato degradante, supongan un grave acoso para la víctima".
Evadir una orden judicial, eludir a las fuerzas del orden, cambiar de identidad
Las infracciones y sanciones en materia laboral están reguladas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante, LISOS).
Se trata de las infracciones en que pueden incurrir las empresas que desplacen trabajadores a España en relación con las materias que constituyen el núcleo duro de la legislación laboral, que son las contenidas en el Art. 3.1 de la Directiva 96/71 y adicionalmente las previstas en el Art. 3 de la Ley 45/1999 como normas imperativas de la legislación española aplicables a estas empresas.
Se incluye en la infracción prevista en el Art. 7.10 de la LISOS, que califica como infracción grave el establecimiento de condiciones de trabajo inferiores, también en materia salarial, a las establecidas legal o convencionalmente, tanto en la cuantía de las retribuciones como en el período o forma de pago, salvo que deban calificarse como muy graves, de acuerdo con el Art. 8 de la LISOS.
(in)igualdad de género de las personas con discapacidad
5Esta definición jurisprudencial parte tanto de la definición de acoso discriminatorio (cualquier comportamiento cuyo objeto o consecuencia sea crear un entorno intimidatorio, lesivo o degradante para una o varias personas en el trabajo, tendente a menoscabar su dignidad), como de las perspectivas técnico-científicas en materia de prevención de riesgos presentadas en las manifestaciones realizadas en la nota técnica preventiva 854/2009 del principal órgano técnico-científico del país en materia de seguridad y salud laboral (el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, INSSBT). Esta definición restrictiva es también la utilizada para el acoso psicológico a funcionarios en la jurisprudencia contencioso administrativa (STS, sala de lo contencioso administrativo, de 16 de febrero de 2011, entre otras, también STSJ Castilla y León, sala de lo contencioso administrativo, 356/2017, de 24 de febrero, etc.).
6La jurisprudencia española, por ejemplo, se mantiene así alejada del papel que debería asumir para que se produjeran avances: no se adapta adecuadamente ni a la evolución reciente del pensamiento científico y preventivo, ni al tratamiento normativo del acoso discriminatorio. No hay motivos legítimos para esta disociación conceptual. En la práctica, las dos definiciones separadas -acoso psicológico y acoso discriminatorio- se solapan con frecuencia. Por ejemplo, es frecuente que una situación de acoso psicológico se combine con una situación de acoso sexual (STC 250/2007, de 17 de diciembre), o de discriminación por razón de sexo (STSJ País Vasco 1608/2017, de 18 de julio). También se dan casos en los que el acoso psicológico tiene su origen en una discriminación por razón de nacionalidad (por ejemplo, STSJ Madrid, 1263/2017, de 20 de diciembre). En consecuencia, una disociación tan radical es teórica y prácticamente incoherente.