Cuanto paga fogasa por despido improcedente

Base de datos nacional de empleo

El 23 de septiembre, un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria abordó uno de los mayores temores de los trabajadores en la actualidad: ¿Serán sustituidos por máquinas los empleados cuyas funciones son mecánicas y repetitivas? La respuesta, de momento no. El tribunal declaró improcedente el despido de un trabajador cuyas funciones iban a ser automatizadas mediante herramientas informáticas.

La sentencia declara que la automatización, como causa técnica de despido, no implica que el derecho a la libertad de empresa para el ejercicio de su actividad deba prevalecer sobre los derechos laborales (salario mínimo, jornada, limitación de horas extraordinarias) y el derecho constitucional al trabajo, aunque, al reducirse los costes laborales, se aumente la competitividad.

Por tanto, la empresa no puede acogerse a un tipo de extinción privilegiada en la que el trabajador percibe una indemnización legal inferior a la de las extinciones improcedentes y, por tanto, la extinción debe ser declarada improcedente.

La estimación de los argumentos del Tribunal, que pueden ser recurridos, podría suponer una ralentización de la implantación del uso de las nuevas tecnologías en la empresa en favor de las modalidades tradicionales de trabajo y, en consecuencia, podría favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Protección del empleo

Si cree que sus condiciones de trabajo han empeorado sustancialmente, no le pagan el sueldo o salario acordado o considera que su empleador no ha respetado el contrato en algún aspecto, debe reclamar contra él.

En los conflictos laborales, es obligatorio que las partes intenten primero resolver su conflicto a través de la conciliación o la mediación, para lo cual los participantes optan por aceptar una resolución propuesta por un mediador, antes de presentar cualquier demanda ante los tribunales.

El juez declarará si la situación es injusta o no. El juez puede, o bien considerar que la decisión del empresario está justificada y probada, o bien determinar que su empresario le compense pagándole una indemnización o readmitiéndole.

El Estado español puede intervenir para ofrecer una garantía salarial a los trabajadores en caso de empresas en crisis. Los trabajadores pueden recuperar parte de sus indemnizaciones, salarios o sueldos impagados o no pagados por el empresario y que se les adeuden.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), dependiente del Ministerio de Trabajo español, abona las cantidades adeudadas a los trabajadores: sus indemnizaciones, sueldos y salarios, pendientes de pago por haber sido declarado el empresario insolvente, en estado de suspensión de pagos o en quiebra.

Índice de flexibilidad del mercado laboral

Una vez concluido el estado de alarma o las prórrogas del ERTE acordadas por el Gobierno con el acuerdo de los agentes sociales, y por tanto finalizadas las circunstancias que motivaron el expediente de regulación, el trabajador continuará con la relación laboral con normalidad.

Durante este tiempo, habrá cotizado con normalidad a través del fondo creado por el Gobierno, No obstante, el derecho a las pagas extraordinarias o vacaciones no se habrá devengado durante la suspensión del contrato por ERTE si la suspensión del contrato fue al 100%.

Hay que tener en cuenta que no es cierto que se haya prohibido el despido en España. Lo que se ha prohibido es utilizar la situación de crisis sanitaria actual para acudir al despido por CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS, un tipo de extinción de empleo menos costoso para el empresario, y con la excepción de la no aplicación a aquellas empresas en las que exista riesgo de quiebra que podrán realizar despidos de esta forma sin incumplir el compromiso de mantenimiento del empleo.

Comparación de la legislación laboral por países

Fondo inspirado en instituciones europeas similares, creado en España en 1976 para garantizar el pago de salarios e indemnizaciones por rescisión del contrato de trabajo cuando una empresa quiebra o atraviesa dificultades financieras. Aunque su función principal es asegurar los derechos devengados (a veces se ha hablado de él como una forma de seguro salarial), también ha desempeñado un papel importante en la reorganización de empresas y el ajuste de personal, ya que a menudo ha asumido el coste de los despidos. Su nombre hace referencia tanto al fondo creado a tal efecto a partir de las cotizaciones de los empresarios como al organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo que se encarga de su administración. Se ajusta esencialmente a la Directiva CEE nº 987/1980.